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Prescripción y caducidad frente a obligaciones de tracto sucesivo no se contraponen

La Corte Suprema de Justicia explicó, al resolver un recurso extraordinario, las diferencias entre los fenómenos jurídicos de caducidad y de prescripción, asegurando que la primera figura tiene un límite temporal de orden público, el cual no puede renunciado y debe ser declarada de oficio por el juez en cualquier caso.

En cambio, la prescripción pese a estar sujeta a temporalidad es renunciable, susceptible de interrupción o de suspensión y solo será objeto de pronunciamiento judicial cuando se proponga como excepción de fondo, indicó la Sala de Casación Laboral. (Lea: Estas son las diferencias entre prescripción y caducidad)

Otra discrepancia es que la caducidad está prevista para las acciones adelantadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y la prescripción es propia de los trámites del proceso ordinario laboral, por lo que el fallador debe aplicar las disposiciones adjetivas de acuerdo con la naturaleza del litigio, la jurisdicción y la competencia, y con pleno cumplimento de las formas procesales.

No obstante lo anterior, estas figuras fueron establecidas con la finalidad de generar seguridad jurídica de manera que las controversias se cierren e impidan la posibilidad de acudir indefinidamente ante la administración de justicia, por ello ambas están sujetas a un límite temporal. (Lea: Solicitud de conciliación extrajudicial suspende prescripción y caducidad)

En virtud de ello, la Sala aseguró que estos figuras jurídicas son inaplicables frente a las acciones ordinarias para el reconocimiento de pensión o de su reliquidación por inclusión o exclusión de factores salariales, dado que esa prestación es periódica o de tracto sucesivo. Por tal razón, resulta acertado indicar que las entidades públicas pueden demandar en cualquier tiempo los actos de reconocimiento de prestaciones periódicas, sin que haya lugar a recuperar las prestaciones reconocidas de buena fe.

Finalmente, advirtió que las instituciones jurídicas frente a obligaciones de tracto sucesivo no se contraponen, por cuanto los derechos pretendidos pueden reclamarse en cualquier tiempo, tanto en la jurisdicción ordinaria laboral como en la contenciosa administrativa.

Es importante resaltar que la prescripción está prevista en los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 y la caducidad está establecida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo).

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL-134302016(48496), sep. 14/16

Fuente: http://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administrativo-y-contratacion/prescripcion-y-caducidad-frente-a-obligaciones-de-tracto-sucesivo-no-se-contraponen

Sociedades que realicen negocios con poca frecuencia no están obligadas a adoptar programa de ética profesional

La expresión habitual, para efectos de las sociedades obligadas a adoptar un programa de ética profesional, en los términos de la Ley 1778 del 2016 (contra el soborno transnacional), se refiere a la realización continua con la que se desarrollen negocios de cualquier naturaleza con personas naturales y jurídicas extranjeras de derecho público o privado (negocios o transacciones internacionales).

Así las cosas, precisó la Superintendencia de Sociedades, no estarán obligadas a la implementación, cuyo plazo es el 31 de marzo del 2017, las sociedades que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior realicen negocios con poca frecuencia o regular o, en otras palabras, de manera ocasional y aislada.

La entidad recordó la regla prevista en el artículo 28 del Código Civil, según la cual las palabras deben entenderse en su sentido natural y, obvio, según el uso general de las mismas, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias se les dará el significado legal.

Por lo tanto, al no haberse atribuido a la expresión mencionada un significado distinto, el sentido natural remite a la definición contenida en el diccionario de la lengua española, de acuerdo con el cual habitual es que hace, padece o posee con continuación o por hábito.

De otra parte, respecto a la expresión “las sociedades que, a través o por intermedio de una sociedad subordinada o de una sucursal”, prevista en el numeral 1º del artículo 1º de la ley, indicó que los artículos 260 y 261 del Código de Comercio y 28 de la Ley 222 de 1995 no establecen ninguna distinción respecto de la nacionalidad de la matriz o controlante en lo que se refiere a la obligación de inscribir la situación de control o grupo empresarial en el registro mercantil.

De lo anterior se desprende, agregó la superintendencia, que de presentarse la situación descrita las sociedades matrices de la subordinada o sucursal deberán aplicar el programa de ética empresarial.

Supersociedades, Concepto 220-188158, Sep. 29/16

Fuente:http://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/civil-y-familia/sociedades-que-realicen-negocios-con-poca-frecuencia-no-estan-obligadas-a-adoptar-programa-de-etica

¿Comprobación de condiciones de idoneidad en la justicia arbitral es una medida subjetiva?

El deber de información de los árbitros y secretarios acerca de circunstancias que puedan generar dudas justificadas de su independencia o imparcialidad y la decisión de reemplazarlos cuando a ello hubiere lugar, adoptada por los demás árbitros o el juez civil del circuito, constituye una medida determinable, idónea y proporcionada compatible con la Constitución Política.

Así lo concluyó recientemente la Sala plena de la Corte Constitucional luego de declarar exequibles los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 1563 del 2012, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Lea: Árbitros pueden imponerle al empleador autorización de permisos sindicales remunerados)

Según el concepto del demandante, la disposición le permite a un ciudadano “vetar” de manera subjetiva a una persona para que desempeñe una función para la cual fue habilitado, cual es actuar como árbitro en determinado conflicto o en el evento que los árbitros o secretarios revelen cualquier circunstancia surgida, la cual pueda generar dudas sobre la imparcialidad y los demás árbitros tengan que decidir sobre su separación o la continuidad del asunto a tratar.

No obstante lo anterior, la alta corporación judicial resolvió que el deber de información es un trámite diferente al de los impedimentos y recusaciones de los árbitros y secretarios del respectivo tribunal de arbitramento y, por esa razón, el concepto de “dudas justificadas” es compatible con el principio de legalidad.

En  consecuencia, la Sala dijo que no se evidenció infracción de este mismo principio respecto de las circunstancias que motivan la remoción y remplazo de un árbitro o secretario, dado que para ejercer sus funciones debe estar libre de cualquiera que pueda afectar su imparcialidad e independencia. (Lea: Laudos arbitrales parciales proferidos en el exterior pueden ser reconocidos en Colombia)

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, encontró que la finalidad que se persigue con la norma acusada, esto es, garantizar la independencia e imparcialidad de los árbitros y secretarios del tribunal, conforma uno de los aspectos definitorios de la función jurisdiccional y ,por lo tanto, es relevante desde la perspectiva constitucional.

Concluyó que la medida no afecta los derechos constitucionales a la libertad de escogencia de profesión u oficio, al trabajo y al acceso a cargos públicos, y que la  comprobación de condiciones de idoneidad para el ejercicio de dicha función no puede considerarse como una barrera injustificada para el ejercicio de la justicia arbitral.

El magistrado Alejandro Linares se reservó la presentación eventual de una aclaración de voto. La ponencia de esta decisión estuvo a cargo del magistrado Luis Ernesto Vargas.

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-538,  Oct. 5/16

Fuente: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/comprobacion-de-condiciones-de-idoneidad-en-la-justicia-arbitral-es-una-medida-subjetiva