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EXIMENTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

La dificultad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de las empresas y los comerciantes, anteriores al surgimiento de la crisis sanitaria a causa del Covid-19 y la consecuente expedición de los decretos de emergencia emitidos por el Gobierno Nacional, se ha convertido en un tema de vital atención en esta coyuntura que afecta de manera directa las relaciones surgidas de los convenios o contratos celebrados entre los empresarios del país.



En este sentido y en atención a las continuas consultas allegadas por los empresarios con relación a las dificultades que están experimentando para cumplir con sus obligaciones contenidas en los acuerdos o contratos suscritos por estos, con ocasión del aislamiento obligatorio y su consecuente estancamiento de muchas actividades empresariales y comerciales, esta presentación tiene como propósito, y de manera general, enunciar lo que se consideran algunos eximentes o excepciones de cumplimiento de esas obligaciones, excepciones que sin necesidad de estar presentes en un contrato son aplicables, obviamente de manera probatoria.

Así las cosas, lo primero que debemos definir es, que es una obligación. En síntesis, y sin pretender profundizar en los postulados teóricos de su definición podemos decir que una obligación es un vínculo jurídico mediante el cual un acreedor puede exigir a un deudor la realización de una conducta o prestación consistente en dar, hacer o no hacer.

El derecho señala que los contratos deben cumplirse. Sin embargo, cuando se presentan circunstancias extraordinarias imprevistas posteriores a la suscripción del contrato que provoquen que este resulte contrario a la intención que inicialmente tuvieron las partes, en el sentido de resultar imprevisible e inesperadamente oneroso para alguna de estas por razones no imputables a ellas, es posible acudir en auxilio de los postulados teóricos que exceptúan la obligación de cumplimiento contractual.

Fuerza Mayor
La fuerza mayor es un hecho imprevisible, irresistible y no imputable al deudor que impide el cumplimiento de las obligaciones asumidas por este último. Debe cumplir con cuatro requisitos para poder alegarse como eximente de cumplimiento contractual.

Requisitos:
1. Que se deba a un hecho sobreviniente.
Es decir que sea posterior al surgimiento de la obligación contraída. (Las obligaciones contenidas en un contrato debieron haber surgido antes de la declaratoria de emergencia y el aislamiento social obligatorio).

2. Que provenga de un hecho imprevisible.
Es decir que el hecho no era posible anticiparlo, de manera razonable, considerando algunos elementos como su frecuencia, normalidad, probabilidad, etc. (No era posible para el empresario saber que se iba a presentar una pandemia y menos que se impondría un aislamiento social obligatorio)

3. Debe ser irresistible.
Es decir que las consecuencias del hecho no se podían evitar. (No estaba en manos de los contratantes evitar el contagio, la emergencia ni el aislamiento) 4. Debe ser exterior. Es decir que no puede ser imputable o adjudicable al deudor que pretende aprovechar sus efectos. (La declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio es un acto de autoridad ejercida por un funcionario público)



En resumen, dependiendo de la actividad económica de la empresa y del estudio de cada caso específico, la fuerza mayor es en esa medida de mayor o menor grado de demostrabilidad, dado que no todas las actividades empresariales están sufriendo actualmente en la misma medida las consecuencias del aislamiento social obligatorio. Por ejemplo, no supone la misma dificultad probar la fuerza mayor como eximente de cumplimiento para una empresa de transporte de pasajeros que para una empresa prestadora de servicios de salud o una productora de alimentos de primera necesidad. De manera que depende también de las excepciones contenidas en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional respecto de actividades empresariales con mayor o menor restricción.

Todo lo anterior depende también del clausulado del contrato, en el sentido de la complejidad de este o del hecho de quien pueda haber asumido alguna responsabilidad adicional respecto de la fuerza mayor. En ese sentido todo contrato debe ser objeto de un análisis especifico, toda vez que la fuerza mayor debe ser probada, es decir, la sola declaratoria de un acto de autoridad como el impuesto por el Gobierno, no es causal de eximente de responsabilidad, deben probarse la presencia u ocurrencia de los cuatro requisitos antes enunciados. En síntesis, es fundamental demostrar mediante evidencias de hecho y de derecho, la imposibilidad de cumplir con la obligación.

Desaparición de la Causa
Art. 1524 Código Civil2
Esta es otra institución jurídica de gran relevancia en el derecho civil y por supuesto comercial, especialmente en momentos como el presente. Esta causal nos habla de que en el evento que el motivo o el móvil que llevaron a las partes a contratar desapareciera, por culpa, hechos o razones no atribuibles a las partes, las obligaciones se entenderán inexistentes, es decir, desaparecen. Lo anterior quiere decir que no puede haber obligación sin causa, que la causa es el motivo que indujo a las partes a obligarse, así dicha obligación no haya sido expresa, de manera que si desaparece el motivo el negocio no podrá hacerse exigible.

Requisitos:
1. Desaparición de la causa que dio origen al contrato.
Es decir que el móvil o motivo que las partes tenían en mente al celebrar el contrato se haga física o jurídicamente inviable.

2. Desaparición sobreviniente.
Es decir que la desaparición de la causa es posterior al surgimiento de la obligación o celebración del contrato.

3. Debe ser exterior.
Es decir que no puede ser imputable o adjudicable a las partes o la parte que la alega. (Nuevamente, se trata de un acto de autoridad ejercida por un funcionario público)



En síntesis, lo mas relevante es la demostración de la desaparición del motivo o la causa que tuvieron las partes para suscribir el negocio, bien porque sea físicamente imposible, o jurídicamente inviable. Como ejemplo puede considerarse la suscripción previa a la emergencia, de un contrato de arrendamiento de un escenario para la celebración de un concierto que preveía la asistencia masiva de público durante el periodo de aislamiento social obligatorio consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia. Nuevamente aquí es trascendental tener en cuenta el grado de restricción de la actividad económica. Como en la fuerza mayor será necesario analizar cada caso concreto, pero por regla general se aplicará la desaparición de la causa cuando el contrato ha perdido el sentido económico como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o local, dependiendo de quien haya dictado la orden y su afectación. La consecuencia lógica es que al desaparecer la causa desaparece la obligación.

Nuevamente, como en la fuerza mayor, no basta con la apreciación subjetiva de las partes, es decir lo que estas crean que les da argumentos suficientes para abstenerse del cumplimiento de la obligación, sino que deben existir elementos objetivos de prueba que demuestren la causal de eximente de cumplimiento de la obligación.

Dado que la intención de este documento es la de dar a conocer al empresario la existencia de mecanismos legales que en algo puedan aliviar angustias, la presente exposición no pretende evaluar de manera detallada todas las instituciones jurídicas de eximentes de cumplimiento de las obligaciones, dado que para cada caso especifico en medio de esta coyuntura podría aplicar unos postulados y no otros, como podrían ser, además de la expuestas, la imposibilidad sobreviviente de cumplimiento, el deber de cooperación, la teoría de la imprevisión y otras derivadas de esta como la onerosidad sobreviniente o la alteración de las bases del contrato.

Esperamos que la información proporcionada permita dilucidar un camino para aquellos que se encuentren en situación de dificultad de cumplimiento contractual con ocasión de la presente crisis.