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EXIMENTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

La dificultad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de las empresas y los comerciantes, anteriores al surgimiento de la crisis sanitaria a causa del Covid-19 y la consecuente expedición de los decretos de emergencia emitidos por el Gobierno Nacional, se ha convertido en un tema de vital atención en esta coyuntura que afecta de manera directa las relaciones surgidas de los convenios o contratos celebrados entre los empresarios del país.

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INSOLVENCIA ECONOMICA EMPRESARIAL


La Ley 1116 de 2006 o Régimen de Insolvencia Empresarial, tiene por objeto, la recuperación y conservación de la empresa viable como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, y la protección del crédito a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial.


El proceso de reorganización empresarial consiste en la puesta en marcha de un procedimiento destinado a salvar al deudor, en este caso la empresa y eventualmente también a sus socios o accionistas, a través de un acuerdo, el cual se celebra entre el deudor y sus acreedores, tanto internos como externos, con las mayorías estipuladas en la Ley, con el fin de pagar las acreencias vigentes al momento de la apertura del proceso, en un plazo acordado con los acreedores.

Ahora bien, es claro que dicho procedimiento recuperatorio, ha sido diseñado para periodos de normalidad económica y nuestro sistema judicial no soportaría una avalancha de solicitudes de protección concursal, como está regulado actualmente en la Ley 1116.

Es por esta razón que, en hora buena, y con ocasión de la crisis sanitaria y de emergencia económica actual, el Gobierno Nacional expidió el pasado 15 de abril el Decreto 560 de 2020, mediante el cual establece un régimen de insolvencia transitorio por 2 años, autónomo y diferente al procedimiento tradicional de la Ley 1116 de 2006, aplicable a las empresas afectadas con la emergencia decretada por el Gobierno.

Del estudio del mencionado Decreto, es posible resaltar varios puntos de gran relevancia y que suponen un verdadero alivio para las compañías, sustentado en un trámite expedito para lograr su protección, evitando que expiren antes de ser admitidas al proceso de insolvencia y suponiendo un alivio inmediato en sus cajas.

Es así como, por ejemplo, de conformidad con el artículo segundo del Decreto 560 de 2020, la Superintendencia no realizará la habitual auditoria previa sobre el contenido de los instrumentos financieros y contables de la empresa solicitante de admisión a un proceso de reorganización, dejando la responsabilidad de su contenido al deudor, a su contador o revisor fiscal respecto de la veracidad de esa información, sin perjuicio de que la entidad pueda solicitar posteriormente la complementación o pruebas de veracidad de dicha información. Otro asunto importante es la posibilidad de que el deudor realice pagos, sin autorización del juez, de pequeñas acreencias de tipo laboral, con proveedores o acreedores de la empresa, cuyos montos no superen el 5% del total del pasivo a reorganizar, en todo caso el deudor deberá hacer una relación de esos pagos y presentarlos a la Superintendencia. Igualmente, el deudor podrá vender activos de la compañía, siempre que estos no estén afectos a la operación o al giro ordinario de los negocios de la empresa, y siempre que los recursos obtenidos de esas operaciones se utilicen para pagar las pequeñas acreencias antes mencionadas. Lo anterior, obviamente sin vulnerar los derechos de los acreedores garantizados; sin embargo, si existe una flexibilización importante a lo largo de Decreto en la disposición de estos activos garantizados. También permite la norma, la capitalización de pasivos, la reestructuración de obligaciones financieras, en vez de pago total, al igual que permite que la DIAN efectué rebajas de intereses, sanciones y capital.

Otro elemento que igualmente conlleva un beneficio para la empresa deudora, consiste en el hecho que la misma no puede hacer pagos por fuera del acuerdo desde la admisión y se suspenden procesos de ejecución. Aunque estas consecuencias ya estaban previstas en la Ley 1116 de 2006, la primera, es decir la prohibición de realizar pagos por fuera del acuerdo, tenían efectos desde la presentación de la solicitud al proceso de reorganización conforme el artículo 17, por su parte la segunda consecuencia, es decir, la suspensión de cobros o de procesos ejecutivos, solo tenía efectos a partir de la expedición del Auto de admisión al proceso de reorganización, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006. Otro elemento de gran relevancia e innovación es el contenido en el artículo quinto del Decreto 560, respecto de los estímulos a la financiación del deudor, tema que debe ser estudiado con mayor detenimiento, pero que en principio supone un alivio para el empresario toda vez que, no en pocas ocasiones las entidades financieras se convierten en un obstáculo para la consecución de recursos frescos que soporten la operación de la compañía.

Por otra parte, el artículo octavo establece lo referente a mecanismos extrajudiciales para lograr un acuerdo de reorganización expedito, lo que se define en el Decreto como: Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización y Procedimiento de Recuperación Empresarial. Esto es lo que en otras legislaciones se denomina Preconcurso, y consiste en la posibilidad que el deudor obtenga una salvaguarda o protección de agresión a su patrimonio, mediante demandas ejecutivas o la práctica de medidas cautelares sobre bienes o activos de la empresa. Este Preconcurso lo que supone es la tranquilidad para el empresario de poder negociar un acuerdo con sus acreedores, en un espacio libre de presiones judiciales, que después pueda ser validado por el juez del concurso, y cuyos efectos se extienden a los demás acreedores que no lo hubiesen aprobado, obviamente con las mayorías establecidas. La norma prevé que la manera de iniciar el Preconcurso, es mediante el aviso que el deudor dé a la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso, de su intención de negociar con sus acreedores, para cuya negociación tendrá un término de tres meses contados a partir de que la Superintendencia decide admitir a la sociedad al inicio de la negociación, con cuyo Auto de admisión quedan suspendidos los procesos ejecutivos o de cobro que cursen en contra de la sociedad deudora. Además de la suspensión de los procesos de cobro, el Decreto prevé que se podrán aplazar los gastos de administración, diferentes de los salariales, parafiscales y de seguridad social, lo cual generará un alivio inmediato a la caja de la empresa.

Ahora bien, en el evento que este Preconcurso no sea exitoso, es decir, que el deudor no logre un acuerdo con los acreedores, tendrá la posibilidad de presentar la solicitud formal establecida en el procedimiento regular de la Ley 1116 de 2006.

Además de todo lo anterior, y en el entendido que la presente exposición es básicamente general con relación a los elementos normativos más innovadores y relevantes del Decreto 560 de 2020, la norma establece otras disposiciones entre las cuales se encuentra también lo que se denomina en el Decreto como el Procedimiento de recuperación empresarial ante las Cámaras de Comercio, esto tomando en consideración la limitada presencia que tiene la Superintendencia de Sociedades en el territorio nacional para atender un número masivo de solicitudes de protección concursal.

Con relación a los temas tributarios, el Decreto establece unas disposiciones en el sentido que las empresas admitidas a un proceso de reorganización, o las que hayan celebrado uno y lo estén ejecutando a través de la Ley 1116 de 2006; con ocasión de la expedición del Decreto 560 de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, no estarán sometidas a retenciones o autoretenciones en la fuente a título de renta, igualmente estas compañías están exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta de que trata el artículo 807 del estatuto tributario por el año gravable 2020, tampoco de renta presuntiva y respecto de la retención del IVA, tan solo será de 50%.

En fin, son muchos los elementos novedosos que trae el Decreto 560 de 2020, y le hemos dado relevancia a los que, en nuestra opinión, presentan los mayores y más inmediatos beneficios para las empresas que se enfrentan a la crisis generada por el Covid-19.